El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, firmado en febrero de 2026, se encuentra en la recta final para su implementación. El Gobierno argentino aguarda la llegada de documentación técnica complementaria desde Washington, necesaria para enviar el expediente al Congreso y definir el alcance institucional del entendimiento. Según fuentes oficiales, el texto principal ya está cerrado, pero restan precisiones técnicas vinculadas a la instrumentación.

Mientras tanto, algunos capítulos del acuerdo comenzarán a implementarse mediante decretos y resoluciones ministeriales, sin necesidad de aprobación legislativa. Estos incluyen la eliminación de barreras no arancelarias, el reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias, y la simplificación de procedimientos regulatorios. Los aspectos estructurales, como compromisos arancelarios, tratados internacionales y propiedad intelectual, serán debatidos en el Congreso, donde se anticipa un trámite más complejo y prolongado.

El acuerdo prevé la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos y 221 estadounidenses, lo que abre oportunidades para sectores exportadores como el agroindustrial, la minería y la tecnología. En particular, el cupo de exportación de carne vacuna argentina a Estados Unidos se amplía de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, beneficiando a productores locales. Además, se establecen incentivos para inversiones en minerales críticos como litio y cobre, y se fortalecen los controles sanitarios y fitosanitarios.

Sin embargo, la administración estadounidense activó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, aplicando aranceles globales del 15% durante 150 días, lo que afecta temporalmente la entrada en vigor plena del acuerdo. Esta medida alcanza a la mayoría de productos, salvo algunos estratégicos como minerales críticos y tecnología. El Gobierno argentino asegura que el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre aranceles no obliga a modificar el texto firmado.

El impacto del acuerdo no será uniforme en todo el país. Regiones como el NOA y NEA se beneficiarán en minería y agroindustria, mientras la Región Centro enfrentará desafíos por la apertura a bienes industriales estadounidenses. El acuerdo también incorpora estándares laborales y ambientales más estrictos, lo que eleva la calidad de los procesos productivos pero implica desafíos de adaptación para pymes.

Analistas y organismos como la Fundación Mediterránea advierten que el verdadero impacto dependerá de la capacidad de los sectores productivos para mejorar su competitividad y adaptarse a un escenario de mayor apertura económica. El acuerdo representa una oportunidad para integrar a la economía argentina en cadenas globales de valor, siempre que se logre la modernización y reconversión de industrias locales.