El teniente general Carlos Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, será el nuevo ministro de Defensa de la Nación, convirtiéndose en el primer militar en actividad en ocupar ese cargo desde el retorno de la democracia en 1983. Su designación, confirmada por el presidente Javier Milei, ha generado un intenso debate en el ámbito político y militar, ya que rompe con una tradición de cuatro décadas en la que el Ministerio de Defensa estuvo a cargo de civiles o militares retirados.

Presti asumirá el cargo sin pasar a retiro, manteniendo su estatus de oficial superior en actividad. Según fuentes oficiales, planea jurar con uniforme militar, un gesto que ha sido interpretado como una reivindicación simbólica de las Fuerzas Armadas, pero que también podría contravenir el Código de Disciplina Militar y otras normativas vigentes. La figura legal utilizada para permitir su permanencia en actividad es la "disponibilidad", una situación administrativa que ha sido cuestionada por especialistas y miembros de las propias fuerzas.

La decisión se produce en un contexto de profunda crisis en las Fuerzas Armadas, que han sufrido más de 20.000 bajas desde diciembre de 2023, según datos oficiales. Los salarios de muchos integrantes de las fuerzas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y la obra social militar IOSFA enfrenta un déficit operativo y quejas recurrentes por la deficiente cobertura. Además, la adquisición de equipamiento, como los cazas F-16 comprados a Dinamarca, sigue siendo un desafío financiero para el sector.

El gobierno de Milei defiende la designación de Presti como un paso para "dar por finalizada la demonización" de los militares y fortalecer la defensa nacional en un contexto internacional cada vez más complejo. Sin embargo, voces críticas advierten sobre el riesgo de politizar a las Fuerzas Armadas y de vulnerar principios democráticos que han regido desde 1983. "No está previsto que un oficial en actividad ocupe un ministerio", señalan fuentes castrenses, mientras que otros consideran que la medida podría sentar un precedente peligroso.

El debate sobre el rol de los militares en la política argentina sigue abierto, con antecedentes históricos y sensibilidades aún presentes en la sociedad. El futuro de la gestión de Presti estará marcado por la capacidad del gobierno para resolver los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y por el impacto simbólico e institucional de su designación.