Cristina Kirchner comenzó a cumplir arresto domiciliario tras la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, una decisión que generó un fuerte impacto político y social en la Argentina. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la ex presidenta permanezca en su domicilio del barrio de Constitución, en Buenos Aires, bajo estrictas condiciones: uso de tobillera electrónica, visitas restringidas a familiares, médicos y abogados, y la obligación de abstenerse de conductas que alteren la convivencia vecinal. La notificación se realizó por Zoom y fue formalizada por la Policía de la Ciudad, que le tomó las huellas digitales y le leyó sus derechos.

La fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, se opuso a la prisión domiciliaria y solicitó que la condena se cumpla en una unidad penitenciaria, argumentando que no existen razones humanitarias ni de salud que justifiquen la medida. Por su parte, la defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó recursos para aclarar las restricciones, especialmente la posibilidad de salir al balcón, y anunció que apelará ante la Cámara de Casación y organismos internacionales.

La decisión judicial evitó el traslado de Kirchner a Comodoro Py, lo que, según fuentes de gobierno y judiciales, buscó prevenir una masiva movilización y posibles incidentes. A pesar de ello, una multitud se congregó en Plaza de Mayo en apoyo a la ex mandataria, quien envió un mensaje grabado a los manifestantes. El caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, los derechos políticos de los condenados y la polarización social en el país.

En los próximos días, la Cámara de Casación deberá resolver los recursos presentados tanto por la fiscalía como por la defensa, lo que podría modificar las condiciones de detención. Mientras tanto, el arresto domiciliario de Cristina Kirchner continúa siendo un tema central en la agenda política y mediática argentina, con implicancias que trascienden el ámbito judicial y afectan el clima social y político nacional.