La Armada Argentina desmintió en las últimas horas la veracidad de un video viral que mostraba el supuesto hundimiento de un buque pesquero en la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Según el comunicado oficial, las imágenes corresponden a un incidente ocurrido en 2016 y no guardan relación con los operativos actuales. Mientras tanto, la vigilancia marítima se ha intensificado en el marco de la operación “Mare Nostrum VIII”, que involucra el despliegue de patrulleros oceánicos y aviones de patrulla para controlar la actividad pesquera extranjera en aguas argentinas.

En este contexto, la Prefectura Naval Argentina detectó recientemente al buque español Playa Da Cativa navegando a baja velocidad dentro de la ZEE, lo que constituye una presunción de pesca ilegal. A pesar de advertencias previas, la embarcación fue nuevamente localizada en aguas jurisdiccionales, lo que activó los protocolos de vigilancia y control. El caso se suma a una serie de incidentes similares, como la detección del arrastrero BP Fakir en diciembre pasado, y refuerza la preocupación por la presión de flotas extranjeras sobre los recursos marítimos nacionales.

El Comando Conjunto Marítimo, bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, coordina las operaciones de vigilancia y control, apoyado por tecnología de monitoreo en tiempo real y la cooperación de organismos como la Prefectura Naval, la Fuerza Aérea y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Según el comodoro de Marina Santiago Villemur, la presencia sostenida de unidades de superficie y aéreas es clave para la protección de la soberanía y los recursos naturales.

En paralelo, el debate legislativo cobra fuerza. El legislador César Domínguez presentó un proyecto para que la pesca ilegal extranjera sea tipificada como delito federal, argumentando que las sanciones administrativas actuales resultan insuficientes para frenar la depredación y la competencia desleal. La iniciativa propone penas de prisión y decomiso de bienes para los infractores, en un intento por fortalecer la defensa de los intereses nacionales.

El fenómeno de la pesca ilegal en el Atlántico Sur no solo plantea desafíos operativos y legales, sino que también expone tensiones diplomáticas y la necesidad de una mayor coordinación internacional. Las autoridades argentinas insisten en la importancia de mantener la vigilancia y actualizar el marco normativo para proteger los recursos y la soberanía en el mar argentino.