El transporte urbano de Córdoba atraviesa una de sus peores crisis tras la paralización de los servicios de la empresa FAM, que denunció la desaparición de las llaves de sus colectivos el pasado domingo. Esta situación dejó sin servicio a los corredores 2, 5, 7, 600 y 601, afectando a miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias.

Ante la emergencia, la Municipalidad de Córdoba implementó un plan de contingencia que incluye la cobertura de los recorridos afectados por parte de las empresas Tamse, SíBus y Coniferal, además de ofrecer viajes gratuitos en los corredores comprometidos. Sin embargo, los usuarios continúan reportando largas esperas y frecuencias muy reducidas. "Hace como dos horas que estoy esperando", relató un pasajero a medios locales, reflejando el malestar generalizado.

La Justicia provincial, bajo la fiscalía de José Mana, investiga el hecho como un posible sabotaje. Mientras FAM sostiene que fue víctima de un ataque, el gremio de choferes UTA negó cualquier vinculación con la desaparición de las llaves. La Municipalidad, por su parte, calificó la conducta de la empresa como un "sabotaje directo contra los cordobeses" y reforzó la seguridad en el predio de FAM, donde se secuestraron cámaras de vigilancia para esclarecer lo ocurrido.

El conflicto expone la fragilidad estructural del sistema de transporte cordobés, caracterizado por contratos provisorios, subsidios insuficientes y una cobertura que depende en gran parte de programas estatales. Según estimaciones, el 60% de los pasajeros viaja gratis, lo que agrava la situación financiera de las empresas y del propio sistema.

En el plano político, la concejala Cintia Frencia (FIT-U) denunció una "puja mafiosa" entre empresarios y municipio, y reclamó la estatización integral del servicio. Mientras tanto, la Municipalidad prevé extender los contratos precarios hasta 2027, en un contexto de incertidumbre y falta de reformas estructurales.

La crisis del transporte en Córdoba pone en evidencia la necesidad de soluciones de fondo para garantizar un servicio eficiente y sostenible, mientras usuarios y trabajadores siguen siendo los principales afectados.