El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en una decisión que reconfigura la gestión de la infraestructura vial del país. El anuncio, realizado el 7 de julio de 2025, implica que 9.000 kilómetros de rutas consideradas "rentables" serán concesionados al sector privado, mientras que otros 30.000 kilómetros, calificados como "no rentables", serán tercerizados mediante contratos con empresas privadas.

Según el Ejecutivo, la medida permitirá un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares y una mayor eficiencia en el mantenimiento de las rutas. El presidente Milei defendió la decisión como parte de una política de ajuste y desregulación, argumentando que "el Estado no debe sostener estructuras ineficientes ni corruptas". El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la estructura jerárquica y el tamaño de Vialidad Nacional dificultaban la toma de decisiones y elevaban los costos operativos.

Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo de gremios, cámaras empresariales y asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito. La Cámara Argentina de la Construcción expresó su preocupación por el impacto en la producción y la logística, así como en la vida cotidiana de miles de argentinos. Sindicatos denunciaron despidos masivos y advirtieron sobre el "desarme del Estado". Pablo Martínez Carignano, extitular de la Agencia de Seguridad Vial, alertó que "la infraestructura vial detonada es un factor de riesgo acuciante" y que la falta de mantenimiento podría incrementar los accidentes y las muertes en las rutas.

El presupuesto de Vialidad Nacional sufrió una reducción del 86,3% en términos reales en el último año y medio, y se prevé un recorte significativo de personal. El esquema de concesiones también genera dudas: expertos estiman que los peajes podrían triplicarse y que las rutas no rentables podrían quedar desatendidas.

La decisión recuerda a las políticas de privatización y descentralización de los años 90, cuando la Nación transfirió responsabilidades a las provincias sin los recursos necesarios. Desde su creación en 2008, la Agencia de Seguridad Vial había logrado reducir un 28% las muertes en siniestros viales, un avance que ahora se pone en riesgo.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida es necesaria para combatir la corrupción y el despilfarro, diversos sectores advierten sobre el deterioro de la infraestructura, la pérdida de empleos y el retroceso en materia de seguridad vial. El debate sigue abierto y la sociedad argentina se encuentra dividida entre quienes apoyan la desregulación y quienes temen por las consecuencias sociales y económicas de la decisión.