Denuncian que el doble femicida Pablo Laurta amenaza desde la cárcel a la familia de su expareja
🔴 Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y homicidio, fue denunciado por amenazar desde la cárcel a familiares de sus víctimas. La familia exige protección y medidas urgentes ante el temor por su seguridad. #Justicia #Seguridad


Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio y del homicidio de un remisero, enfrenta una nueva denuncia por enviar amenazas desde la cárcel de Gualeguaychú a familiares de sus víctimas. Según confirmaron fuentes judiciales y la abogada de la familia, Marina Romano, Laurta habría logrado comunicarse con el entorno de Laura Giardina, hermana de una de las mujeres asesinadas, a pesar de estar alojado en una celda de máxima seguridad.
Las amenazas, que incluían frases como “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”, generaron alarma y temor en la familia, que considera la situación una "burla del sistema". Romano explicó que la fiscalía notificó oficialmente a la familia sobre la existencia de estos mensajes intimidatorios y adelantó que solicitarán medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto de Laurta con los allegados de las víctimas.
El caso de Laurta conmocionó al país en octubre de 2025, cuando fue acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y al remisero Martín Palacio. Tras los crímenes, Laurta huyó con su hijo de cinco años y fue capturado días después en Entre Ríos. La investigación determinó que el acusado habría ejecutado a Palacio y descuartizado su cuerpo, además de asesinar a las dos mujeres en un ataque armado en Córdoba.
A pesar de que Luna Giardina había presentado múltiples denuncias por violencia de género y contaba con medidas de protección, estas resultaron insuficientes para evitar el desenlace fatal. Laurta también enfrenta cargos por abuso sexual infantil y será juzgado por jurado popular, lo que podría derivar en una condena a prisión perpetua si es hallado culpable.
La familia de las víctimas reclama mayor protección y cuestiona la seguridad en el sistema penitenciario, mientras la fiscalía evalúa nuevas medidas para resguardar a los allegados. El caso reaviva el debate sobre la efectividad de las medidas judiciales y la necesidad de reforzar los controles en las cárceles argentinas.
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