La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia, habilitando al gobierno de Marcelo Orrego a gestionar hasta 600 millones de dólares en créditos y otros instrumentos financieros para ejecutar un ambicioso plan de obras públicas. La iniciativa, que obtuvo 23 votos afirmativos y 12 negativos, fue respaldada por parte de la oposición peronista, lo que resultó clave para su sanción.

El proyecto contempla la posibilidad de acceder a empréstitos, líneas de crédito y emisión de bonos, con el objetivo de financiar infraestructura estratégica en áreas como vialidad, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas. Según estimaciones oficiales, la reactivación de la obra pública podría generar entre 5.000 y 6.000 empleos directos e indirectos en la provincia.

La sesión estuvo marcada por un intenso debate político y la inusual presencia del gobernador Orrego en el recinto, quien siguió de cerca el tratamiento de la ley. "Gracias a los legisladores que acompañaron la autorización para avanzar con financiamiento destinado a obras, infraestructura, trabajo y desarrollo. Esta decisión permitirá poner en marcha obras que generan empleo inmediato, fortalecen la producción y mejoran la vida de las familias", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de cuestionamientos. Intendentes y legisladores justicialistas manifestaron su preocupación por la falta de precisiones sobre el destino de los fondos y reclamaron mayor participación de los municipios en la toma de decisiones. "Cuando se toma una deuda de esta magnitud, cada sanjuanino termina involucrado porque son compromisos que impactan sobre las cuentas públicas y, en definitiva, sobre toda la sociedad", advirtió la intendenta de Caucete, Romina Rosas.

El vicegobernador Fabián Martín calificó la jornada como "histórica" y destacó que la economía provincial es atractiva para inversiones, señalando que se tomarán tres meses para analizar las tasas de los créditos. El oficialismo, por su parte, anticipó que tras la aprobación de esta ley avanzará con una agenda de reformas legislativas, incluyendo cambios en el sistema electoral y el desarrollo minero.

La aprobación de la ley representa un paso significativo para el gobierno provincial en su objetivo de sostener la obra pública y el empleo en un contexto de recorte nacional. No obstante, el debate sobre la transparencia y el destino de los fondos promete continuar en los próximos meses, en medio de una agenda política que se anticipa intensa y con nuevos desafíos para la gestión de Orrego.