El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley para crear un Régimen Simplificado de Ganancias, orientado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La iniciativa, que forma parte del denominado Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos, busca facilitar la declaración de impuestos, reducir la carga administrativa y promover la repatriación de dólares no declarados.

Según el proyecto, los contribuyentes que opten por este régimen no estarán obligados a informar su patrimonio al inicio y al final del período fiscal, eliminando así controles sobre consumos personales y variaciones patrimoniales. La declaración jurada será propuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y su aceptación y pago en término tendrá efecto liberatorio, blindando al contribuyente de futuras fiscalizaciones, salvo que se detecten irregularidades significativas.

El titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el impuesto se calculará sobre lo facturado y los gastos deducibles, sin considerar el incremento patrimonial. "ARCA va a calcular el monto del Impuesto a las Ganancias a pagar solo por lo facturado durante el ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio y su consumo personal", afirmó.

El régimen está destinado a quienes tengan ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones. Sin embargo, los monotributistas quedan excluidos, a menos que renuncien a su régimen y pasen al general, lo que implica mayores costos y trámites. Especialistas advierten que, si bien la medida facilita la regularización de activos y el acceso al crédito, también puede aumentar la carga tributaria y administrativa para pequeños contribuyentes.

Hasta el momento, 14 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han firmado convenios para implementar el régimen, comprometiéndose a no establecer controles adicionales. Las provincias que no adhieran perderán acceso a información clave sobre consumos y facturación, lo que ha generado críticas sobre la concentración de poder fiscal en el ámbito nacional y la posible erosión del control provincial.

El Gobierno sostiene que la medida representa una transformación profunda hacia una estructura impositiva más simple y eficiente, mientras que algunos analistas la consideran un "blanqueo encubierto" que beneficia principalmente a quienes poseen grandes sumas de dinero no declaradas. El debate continúa en el Congreso y entre los especialistas, en un contexto de presión por parte del FMI para simplificar y armonizar el sistema tributario argentino.