La Justicia argentina dictó una medida cautelar que frena la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en respuesta a una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata y firmado por el juez Mariano López, obliga a la empresa a mantener sus obligaciones operativas y de infraestructura, preservando el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental en 26 municipios bonaerenses.

La resolución judicial surge tras la denuncia de la Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, que advirtió sobre los riesgos de la privatización propuesta por el Gobierno nacional. Según la presentación, el proceso no contemplaba "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" y desatendía la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonaerense". El juez López fundamentó su decisión en que la privatización no fortalece las obligaciones de garantizar la cobertura sanitaria ni incrementa los mecanismos de recomposición y prevención ambiental. "Tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas", señaló el magistrado.

El Gobierno nacional había anunciado en mayo de 2026 la licitación pública para vender el 90% de las acciones de AySA a un operador estratégico, en el marco de un plan más amplio de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei. El nuevo contrato de concesión, aprobado recientemente, establecía la prestación del servicio por 30 años, con posibilidad de prórroga por una década adicional.

La historia de AySA incluye una privatización previa en los años 90, bajo la gestión de la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, y una reestatización en 2006 tras conflictos por el desempeño de la concesión privada. Durante ese período, las tarifas residenciales aumentaron un 88,2% entre 1993 y 2002, muy por encima de la inflación acumulada.

El fallo judicial fue celebrado por la Defensoría bonaerense como una medida que protege el derecho colectivo al agua y a un ambiente sano. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta crecientes obstáculos judiciales en su plan de privatizaciones, y el futuro del proceso de venta de AySA queda en suspenso hasta que se resuelvan las cuestiones ambientales y de acceso al servicio.