La Justicia Federal desestimó las denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por la libertad de prensa y no constituyen delito alguno. El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar ambas causas, argumentando que los comentarios de los periodistas forman parte del debate político y no representan imputaciones concretas ni injurias personales contra el mandatario.

En el caso de Carlos Pagni, la denuncia de Milei se originó por un análisis emitido en el programa “Odisea Argentina” de LN+, donde el periodista abordó la fragmentación del sistema democrático y citó ejemplos históricos, lo que, según el presidente, insinuaba un paralelismo con Adolf Hitler. Sin embargo, el juez Rafecas determinó que no existió tal comparación directa y que las expresiones de Pagni no constituyeron una deshonra intencional ni una acusación delictiva.

De manera similar, la denuncia contra Ari Lijalad, motivada por una columna publicada en El Destape titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, fue desestimada por el magistrado. Rafecas subrayó que las opiniones vertidas por Lijalad se encuentran dentro del marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa, y que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica debido a su exposición y rol en la sociedad.

El fallo de Rafecas se apoya en principios constitucionales y en precedentes internacionales, como el caso Kimel vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen límites estrictos a la persecución penal de opiniones periodísticas sobre asuntos de interés público. La fiscalía federal también había recomendado el archivo de las causas, destacando la importancia de la libertad de expresión como garantía fundamental en la democracia argentina.

La decisión judicial fue celebrada por asociaciones periodísticas y organismos de derechos humanos, que la interpretan como un respaldo a la labor de la prensa y una advertencia contra intentos de censura o persecución oficial. Por su parte, sectores cercanos al gobierno relativizaron el impacto del fallo, mientras que el debate sobre los límites de la crítica política y la protección del honor presidencial continúa vigente en la agenda pública.