El pasado 3 de junio, gobernadores de 23 provincias argentinas se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para abordar la caída en los ingresos provinciales, el freno en la obra pública y la necesidad de un nuevo pacto fiscal. Este encuentro, que contó con la participación de mandatarios de diferentes partidos políticos, refleja la creciente preocupación por el impacto de las políticas económicas actuales en las finanzas provinciales.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut y vocero del encuentro, destacó la importancia de una reforma fiscal que permita una distribución más equitativa de los recursos. "Vivimos en un país federal, pero ese federalismo se ve reflejado mal en asimetrías educativas, sanitarias y sociales", afirmó Torres. Además, subrayó la necesidad de una matriz fiscal más justa que alivie la carga sobre la producción y el trabajo.

La reunión también abordó la caída en las transferencias automáticas a las provincias, que entre 2023 y 2025 registraron una disminución real del 11,5%. Este descenso, equivalente a una pérdida de $7,4 billones en términos reales, ha generado dificultades para financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Según un informe presentado durante el encuentro, la recaudación provincial ha caído significativamente, poniendo en riesgo la sostenibilidad de varios programas y proyectos.

Otro tema central fue el financiamiento para obras de infraestructura, especialmente en áreas como vialidad e hidrología. Los gobernadores coincidieron en que los recortes presupuestarios han afectado gravemente el desarrollo de estas iniciativas, esenciales para el crecimiento económico y social de las provincias.

En este contexto, los mandatarios acordaron solicitar una audiencia con el presidente Javier Milei para discutir una reforma fiscal y una nueva ley de coparticipación federal. "Si vamos a una reforma fiscal, el rol de las provincias tiene que estar mancomunado en lo que plantee esa eventual ley", señaló Torres, quien también enfatizó que estas reformas requieren mayorías calificadas en el Congreso y no pueden implementarse por decreto.

La reunión marca un precedente importante, ya que logró reunir a gobernadores de diferentes partidos políticos en torno a una agenda común. Aunque persisten diferencias en algunos puntos, el consenso alcanzado en temas clave como la reforma fiscal y el financiamiento de infraestructura podría abrir la puerta a futuras colaboraciones entre las provincias y el gobierno nacional.

El encuentro también tuvo un componente político significativo, ya que se produce en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la administración central. La unidad mostrada por los gobernadores podría influir en las negociaciones con el gobierno nacional y en la aprobación de futuras leyes en el Congreso. En cualquier caso, la reunión subraya la urgencia de abordar los desafíos económicos y sociales que enfrentan las provincias argentinas.