La clausura de Wachitas Bar, en el barrio Nueva Córdoba, ha generado un fuerte impacto en la ciudad tras el femicidio de Agostina Vega. El local nocturno fue cerrado por el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad luego de que una inspección detectara graves irregularidades en materia de seguridad, higiene y habilitación. Entre las fallas encontradas se destacan problemas en la instalación eléctrica, ausencia de señalización de emergencia y matafuegos vencidos, además de reformas estructurales no declaradas.

El caso tomó relevancia pública porque Soledad Andreani, empleada del bar, es la propietaria del vehículo que habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, para trasladar el cuerpo de la víctima. Andreani declaró ante la Justicia que fue manipulada por Barrelier para prestarle el auto, argumentando que necesitaba llevar ropa a un familiar enfermo. La mujer fue despedida de su trabajo tras la vinculación mediática con el caso.

La administración de Wachitas Bar emitió un comunicado negando cualquier relación con el hecho y asegurando que las personas investigadas no forman parte de la titularidad del negocio. Además, remarcaron que colaboraron con las autoridades y que los peritajes realizados en el local no arrojaron elementos relevantes para la causa.

El Frente Cívico presentó un pedido de informes al municipio para esclarecer bajo qué rubro fue habilitado el bar, quién figura como responsable y qué controles se realizaron en los últimos años. La concejala Graciela Villata criticó la falta de acceso a información pública sobre habilitaciones y denunció deficiencias en el sistema de fiscalización nocturna.

El municipio, por su parte, enfrenta presión pública para transparentar los procedimientos y mejorar los controles sobre locales nocturnos. El caso Agostina Vega ha reavivado el debate sobre la seguridad y la responsabilidad estatal en la prevención de delitos en la noche cordobesa, mientras la investigación judicial continúa su curso.