La provincia de Santa Fe ha dado un paso histórico al sancionar y jurar una nueva Constitución, reemplazando la de 1962, tras dos meses de intensos debates y negociaciones entre los distintos sectores políticos. El nuevo texto, vigente desde el 11 de septiembre de 2025, incorpora 46 artículos nuevos y reforma otros 42, ampliando el marco de derechos y modernizando la estructura institucional de la provincia.

Uno de los cambios más significativos es la habilitación de la reelección para el gobernador y otros cargos, lo que permitirá al actual mandatario, Maximiliano Pullaro, optar por un nuevo mandato. Además, la reforma reconoce una amplia gama de derechos sociales, ambientales y digitales, incluyendo la economía social, el trabajo asociativo y la protección de datos personales. El Ministerio Público de la Defensa adquiere autonomía funcional y administrativa, consolidando su rol en la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

El proceso de reforma contó con un amplio consenso político, reflejado en la aprobación de la mayoría de los artículos por 52 de los 69 convencionales constituyentes. Sin embargo, la baja participación ciudadana en las elecciones provinciales ha generado cuestionamientos sobre el nivel de involucramiento social en el proceso. "La reforma constitucional recientemente sancionada en Santa Fe no es solo una actualización normativa: es un pacto colectivo sobre cómo queremos vivir, convivir y proyectarnos como provincia en el marco de la Nación", afirmó Carlos Clemente, presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional.

Entre las novedades institucionales, se destaca la ampliación de la Corte Suprema de cinco a siete miembros, con paridad de género y territorialidad, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular y el referéndum, y la eliminación de fueros e inmunidades. La reforma también introduce la "Ficha Limpia" y reconoce el derecho a la ciudad, así como la acción climática como deber intergeneracional.

No obstante, algunos analistas advierten sobre la vaguedad y el exceso de cláusulas indeterminadas en el texto, lo que podría generar dificultades en la aplicación práctica de los nuevos derechos. "La nueva Constitución parece reflejar más las pasiones ideológicas de la clase dirigente santafesina que las demandas y realidades de los ciudadanos", señala Lucas Paulinovich en Seul.

La inclusión de la economía social y popular, el trabajo cooperativo y la protección de los derechos digitales son celebrados como avances, especialmente para los sectores tradicionalmente excluidos del sistema formal. "Reconocer la economía social en la Constitución es también reconocer esa historia, esa capacidad, esa potencia que durante décadas nos fue negada", sostiene una convencional constituyente en Página|12.

El desafío ahora será traducir estos avances normativos en políticas concretas y fortalecer la participación ciudadana, para que la nueva Constitución se convierta en una herramienta efectiva de desarrollo y equidad en la vida cotidiana de los santafesinos.