La Justicia federal profundizó la investigación sobre la red de lavado de dinero y evasión impositiva en La Salada, la feria más grande de Latinoamérica, con la detención de Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", junto a familiares y presuntos testaferros. La causa, liderada por la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, reveló depósitos en efectivo por más de $33 mil millones en cuatro años y la incautación de 37 inmuebles, 132 vehículos y una embarcación vinculados a la familia Castillo.

Las escuchas judiciales, que forman parte central del expediente, expusieron operaciones millonarias, maniobras inmobiliarias, compra de armas y viajes de lujo a destinos como Dubái y las Islas Maldivas. En una de las comunicaciones interceptadas, se discutían transacciones de hasta 40 millones de pesos en efectivo, mientras que otras conversaciones detallaban la organización de viajes y la adquisición de propiedades.

Castillo, en su declaración ante la Justicia, admitió comandar la firma Punta Mogote y reconoció el pago de adicionales a policías, aunque negó conocer detalles sobre la venta de ropa falsificada, argumentando que “de revisar se encarga la Policía”. Su hijo menor, de 19 años, también fue imputado tras recibir casi $750 millones en su cuenta bancaria y ser titular de varios vehículos.

El cierre temporal de las ferias Ocean y Urkupiña, ordenado en el marco de la investigación, dejó a miles de familias sin trabajo y generó protestas entre los puesteros, quienes reclamaron por el impacto social de la medida. “Quedamos sin trabajo miles de familias, ya sean puesteros, carreros, vendedores ambulantes y todo lo que demanda la feria”, expresó uno de los afectados.

Tras casi un mes de paralización, la Justicia autorizó la reapertura de las ferias bajo estrictos controles fiscales y judiciales. Se instruyó la formalización impositiva de todos los puesteros, con la obligación de inscribirse en el régimen de Ingresos Brutos Simplificado y emitir comprobantes fiscales por cada venta. La meta de las autoridades es transformar La Salada en un negocio formal y transparente, alejando a los capos históricos y regularizando la actividad comercial.

El caso continúa en desarrollo, con la expectativa de que las nuevas medidas permitan un funcionamiento legal de la feria y reduzcan las prácticas ilícitas que la caracterizaron durante años.