La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clerici y otros allegados, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La medida, ordenada por el juez federal Luis Armella, también restringe los movimientos de los implicados, quienes no podrán ausentarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización judicial previa.

La causa se centra en el crecimiento patrimonial de Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, y en la presunta utilización de contratos de obra pública para beneficio personal. Según documentos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la empresa DOIO S.A., propiedad de Víctor Donadio (ex cuñado de Insaurralde), obtuvo al menos 12 contratos de obra pública en Lomas de Zamora durante la gestión de Insaurralde. Entre las obras adjudicadas figuran edificios municipales, centros culturales y deportivos, y otras infraestructuras clave para el municipio.

En paralelo, la modelo Jesica Cirio solicitó a la Justicia que los videos donde se la ve mostrando grandes sumas de dinero en el vestidor de su exesposo no sean utilizados como prueba en la causa. El material, que habría sido filmado en la vivienda de San Vicente, está siendo peritado para determinar su autenticidad y relevancia. Un reciente allanamiento en Nordelta confirmó que el vestidor de Cirio no coincide con el del video difundido.

El juez Armella, si bien rechazó los pedidos de detención, mantuvo imputados a los principales involucrados y señaló una "orfandad probatoria" en la causa. Sin embargo, la investigación sigue su curso, con la empresa DOIO S.A. y Donadio bajo la lupa judicial. El caso ha generado debate sobre la transparencia en la adjudicación de obra pública y la posible protección política en el conurbano bonaerense.

Cabe recordar que el presunto direccionamiento de obra pública ya había sido investigado y archivado en la justicia bonaerense, en medio de polémicas por la destrucción de pruebas y cuestionamientos a fiscales intervinientes. Ahora, la justicia federal retoma la pesquisa, mientras los implicados buscan limitar el uso de ciertas pruebas y la opinión pública sigue atenta a los avances del caso.