En la provincia de Buenos Aires, las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y los gremios docentes y estatales avanzaron con una nueva propuesta salarial. El Ejecutivo ofreció un aumento del 10% en dos tramos: un 6% en mayo y un 4% en julio, calculado sobre los haberes de marzo. Esta oferta fue aceptada por los gremios estatales, mientras que los docentes la someterán a consideración de sus bases.

El primer tramo del aumento será computado para el pago del aguinaldo, mientras que el segundo no. Además, se acordó una cláusula de monitoreo en junio y la reapertura de las negociaciones en agosto. Los salarios docentes, dependiendo de la antigüedad y las horas trabajadas, oscilarán entre $643.057 y $1.028.324.

El contexto fiscal de la provincia es complejo, marcado por la caída de la recaudación y recortes en las transferencias nacionales. A pesar de ello, el gobierno provincial destacó su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores. "Este acuerdo sostiene el salario de las y los estatales sin desconocer la insuficiencia de los haberes por la situación del país", señaló Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense.

Por su parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) llevará la propuesta a sus bases para su evaluación. Algunos gremios ya han manifestado su descontento, lo que podría derivar en medidas de fuerza. En paralelo, se discutieron mejoras laborales, como la reducción de la sobrecarga de tareas y la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo, cuya fecha de tratamiento se fijó para el 12 de junio.

En el ámbito estatal, se acordaron ajustes en las asignaciones familiares y bonificaciones para sectores específicos. También se adelantará el pago de haberes para jubilados y pensionados a fines de mayo.

El próximo 22 de mayo, los gremios estatales tienen previsto movilizarse frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar fondos adeudados, estimados en 7 billones de pesos. Esta situación, según los gremios, afecta la capacidad de la provincia para implementar políticas públicas esenciales y mejorar los salarios.

En resumen, aunque la propuesta salarial representa un avance, las tensiones entre los gremios y el gobierno provincial persisten, en un contexto económico que sigue siendo desafiante.