La empresa de aditivos alimenticios "El Bahiense" enfrenta una condena judicial de $250 millones tras un juicio laboral iniciado por un ex empleado, lo que ha encendido las alarmas en el sector PyME argentino. El conflicto comenzó cuando el trabajador, tras ausentarse un año por problemas psicológicos, fue suspendido 15 días por un incidente productivo. El empleado se consideró despedido y avanzó con una demanda judicial.

La sentencia, dictada por la jueza Lucrecia Pedrini, fijó originalmente una condena de $3 millones, pero la aplicación de intereses y actualizaciones elevó el monto a $250 millones. Mario Fiore, dueño de la empresa, expresó su preocupación por el impacto de la decisión: "No se puede seguir castigando a las empresas. Nosotros damos trabajo y no somos los papás de las personas". Fiore aseguró que la empresa cumple con todas las obligaciones fiscales y laborales y que la condena pone en riesgo la continuidad de la firma y los 72 puestos de trabajo que genera.

El caso de "El Bahiense" se suma a otros recientes, como los de Piegari y Naranja Mandarina, donde demandas laborales millonarias y embargos han paralizado la actividad de pequeñas y medianas empresas. Empresarios del sector advierten que la elevada litigiosidad y los montos de las sentencias generan un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y la contratación formal.

El debate sobre la necesidad de una reforma laboral se intensifica, con voces que reclaman un sistema más equilibrado que garantice derechos laborales sin poner en jaque la viabilidad de las empresas. Mientras tanto, cientos de PyMEs observan con preocupación cómo fallos de este tipo pueden transformar un conflicto puntual en una amenaza estructural para el sector productivo argentino.