El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha iniciado una serie de reuniones con líderes políticos para definir los detalles de la Convención Constituyente que reformará la Constitución provincial. Este proceso, considerado uno de los más importantes de su gestión, ha generado tensiones entre el oficialismo y la oposición, principalmente en torno a la fecha de realización de la Convención.

Pullaro, líder de la coalición oficialista Unidos, propone que la Convención se lleve a cabo en 2025, argumentando que la suspensión de las PASO nacionales elimina obstáculos para realizar el debate este año. "La Convención debe ser este año para mantener la conexión con el mandato electoral reciente", afirmó el gobernador. Sin embargo, la oposición, encabezada por figuras como Juan Monteverde y Marcelo Lewandowski, ha expresado su desacuerdo, sugiriendo que el proceso se postergue hasta 2026 para permitir una mayor participación ciudadana y un debate más inclusivo.

La coalición Unidos obtuvo 33 de las 69 bancas en las elecciones recientes, quedando a solo dos votos de la mayoría necesaria para aprobar reformas clave. Entre los temas propuestos para la reforma se encuentran la implementación de la "ficha limpia", medidas de seguridad, equilibrio fiscal y la posibilidad de reelección del gobernador. No obstante, la oposición ha criticado lo que considera un intento de apresurar el proceso, calificándolo como un "trámite político" que podría limitar la participación ciudadana.

En reuniones recientes, Pullaro se encontró con líderes opositores como Monteverde y Lewandowski, quienes abogaron por un proceso más pausado y participativo. "Un buen gesto sería rever la postura de convocar en julio, porque sería insistir en la misma lógica de hacer las cosas a las apuradas", señaló Monteverde. Por su parte, Lewandowski destacó la importancia de garantizar un debate amplio y la participación de todos los sectores de la sociedad.

El contexto político en Santa Fe añade complejidad al proceso. La última reforma constitucional en la provincia data de 1962, lo que subraya la importancia histórica del momento. Además, aunque Unidos ha logrado avances significativos en su gestión, como reformas judiciales y previsionales, enfrenta críticas por su desempeño en centros urbanos y el bajo nivel de participación electoral.

Analistas políticos señalan que el proceso de reforma podría consolidar el poder de Unidos, pero advierten sobre el riesgo de polarización y descontento ciudadano. "Es una victoria que nos obliga a ser mejores; la Constituyente tiene que ser ejemplar", afirmó un referente de Unidos. Sin embargo, la oposición insiste en que el proceso debe ser inclusivo y representativo para garantizar su legitimidad.

En conclusión, la reforma constitucional en Santa Fe representa un desafío político y logístico significativo, con implicaciones de largo alcance para el futuro de la provincia. Mientras el oficialismo busca avanzar rápidamente, la oposición llama a la cautela, subrayando la necesidad de un debate amplio y participativo.