Una investigación judicial en la Ciudad de Buenos Aires destapó una compleja red de estafas inmobiliarias encabezada por el clan L’Abbate, que operaba al menos 25 empresas fantasma para captar fondos de compradores de departamentos que nunca se construyeron. Según fuentes judiciales, la estructura se apoyaba en fideicomisos inmobiliarios fraudulentos, donde los compradores entregaban anticipos y cuotas a cambio de promesas de viviendas que jamás se concretaban. En muchos casos, los mismos departamentos eran revendidos hasta seis veces, generando pérdidas económicas y daños morales a decenas de familias.

El eje de la operatoria era la firma Induplack Fiduciaria, pero la investigación reveló que los imputados integraban al menos 20 sociedades más, muchas creadas tras las primeras denuncias. “Crean un montón de sociedades en las que van sacando el dinero de una y colocándolo en otra”, explicaron fuentes judiciales. Las obras no avanzaban, pero las promesas continuaban, permitiendo a los involucrados seguir recaudando fondos y ocultando los movimientos del dinero.

Desde 2024, se acumulan 150 causas judiciales con los mismos imputados. El esquema sigue vigente, con contratos similares, direcciones repetidas y una mecánica de dilaciones y cesiones ficticias. Las víctimas denuncian la inacción judicial y el cierre sucesivo de empresas, lo que dificulta rastrear el dinero y conservar documentación clave. “Lo que pedimos es simple: medidas cautelares urgentes. Que no puedan cerrar más empresas, mover plata, o desaparecer antes de que se los investigue”, reclaman.

El 3 de junio de 2025, la jueza Paula González ordenó embargos preventivos sobre 60 inmuebles y 17 vehículos, por un total de 905 millones de pesos, para asegurar eventuales restituciones económicas. También se congeló una cuenta bancaria y se prohibió modificar la composición societaria de dos empresas.

Emanuel L’Abbate, uno de los principales imputados, justificó la proliferación de empresas como una forma de evitar concursos preventivos y “no perjudicar a nadie”, pero la fiscalía sostiene que se trató de una maniobra defraudatoria. La inmobiliaria Predial, que comercializaba los proyectos, se declaró “damnificada” y aseguró colaborar con la Justicia.

El caso, que afecta a familias de barrios como Almagro, Caballito, Flores, Villa del Parque y Villa Urquiza, sigue bajo investigación, con nuevas indagatorias previstas para los próximos días. Las víctimas, mientras tanto, continúan reclamando justicia y medidas que impidan la desaparición de pruebas y fondos.