El gobierno de Bolivia anunció la expulsión de la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi, acusándola de injerencia en los conflictos sociales que sacuden al país. La decisión fue comunicada por el canciller Fernando Aramayo, quien afirmó que Trimarchi participó en manifestaciones y cabildos en El Alto, apoyando los bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según la Cancillería boliviana, la presencia de Trimarchi constituye una "evidente y clara injerencia en la política interna" y un "mal uso" de su ingreso como turista, ya que se presentó públicamente como "diputada electa" para intervenir en movilizaciones políticas. "Hemos tomado por la vía diplomática con la embajada de Argentina y denunciado su situación migratoria; vamos a proceder a su salida del país", declaró Aramayo en entrevista televisiva.

Trimarchi, militante de Izquierda Socialista y exlegisladora de la Ciudad de Buenos Aires, participó en actos y cabildos en Senkata y El Alto, donde expresó su apoyo a los sectores movilizados. En sus redes sociales, justificó su visita como un acto de solidaridad con las protestas contra las medidas del presidente Paz, a quien acusó de represión y ajuste económico. "La solidaridad internacional nos tiene que unir como pueblos latinoamericanos", afirmó durante un encuentro con la Central Obrera Boliviana.

La reacción oficial fue respaldada por legisladores de la oposición, quienes calificaron el accionar de Trimarchi como "sedicioso" y exigieron su expulsión inmediata. El senador Leonardo Roca declaró: "En Bolivia no podemos tener sediciosos". Por su parte, la Dirección General de Migración confirmó que se evalúa la situación migratoria de la exdiputada, quien ingresó al país como turista.

El caso se produce en medio de una ola de protestas sociales que, tras más de 20 días de bloqueos en al menos seis departamentos, han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible en La Paz. Los manifestantes reclaman soluciones a la crisis económica y mayor inclusión de organizaciones sociales en la toma de decisiones.

La Cancillería boliviana subrayó el principio de no intervención en asuntos internos como fundamento para la expulsión y recordó que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente por el pueblo boliviano. Trimarchi, por su parte, denunció "acoso brutal" en redes sociales tras su participación y defendió su derecho a la solidaridad internacional. El episodio reaviva el debate sobre la injerencia extranjera y la soberanía nacional en el contexto de crisis política regional.