El gobierno argentino ha eliminado el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que ha generado un intenso debate en el país. Este certificado, vigente durante más de 30 años, regulaba la entrada de maquinaria usada al mercado local, y su eliminación busca facilitar la importación de estos equipos como parte de una política de desregulación y apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida argumentando que permitirá a los productores agrícolas acceder a maquinaria a precios más competitivos, con ahorros estimados de hasta un 50% en comparación con equipos nuevos. Sin embargo, cálculos realizados por usuarios y expertos indican que los costos finales, incluyendo impuestos y transporte, podrían reducir el ahorro proyectado a solo un 27%.

La Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) han expresado su preocupación por el impacto de esta medida en la industria nacional. Según estas entidades, la importación irrestricta de maquinaria usada representa una amenaza para la cadena de valor industrial, el empleo y la competitividad del sector. Además, advierten sobre riesgos fitosanitarios, como la introducción de plagas exógenas, y la falta de controles adecuados para verificar el estado de los equipos importados.

Por otro lado, algunos productores agrícolas ven la medida como una oportunidad para modernizar su equipamiento a menores costos, aunque reconocen los desafíos asociados a la falta de repuestos y servicios de postventa para maquinaria importada. En este contexto, la eliminación del CIBU también ha sido vinculada a compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que añade un componente político al debate.

La industria local, que emplea a más de 16,700 personas y cuenta con 12 plantas fabriles en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, enfrenta ahora el desafío de competir con maquinaria importada en condiciones que consideran desiguales. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la medida fomentará inversiones y reducirá costos para los productores, aunque las críticas de diversos sectores industriales y agrícolas sugieren que el impacto de esta decisión será ampliamente debatido en los próximos meses.