El ataque a la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido el 17 de junio en San Isidro, desencadenó una serie de detenciones y un fuerte cruce político entre la expresidenta Cristina Kirchner y el presidente Javier Milei. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, involucró a un grupo de personas que arrojaron estiércol y colgaron un pasacalle con amenazas en el domicilio del legislador. Las investigaciones permitieron identificar a los presuntos responsables, entre ellos la concejala de Quilmes Eva Mieri y la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, quienes fueron detenidas junto a otros militantes.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezaron el operativo que incluyó allanamientos en varias localidades del conurbano bonaerense. Abaigar recibió prisión domiciliaria por razones de salud, mientras que el resto de los detenidos permanece bajo investigación judicial.

Desde su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner utilizó la red social X para exigir la liberación de los detenidos y cuestionar la respuesta del gobierno ante las protestas sociales. "Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!", reclamó la exmandataria, quien además recordó un antiguo posteo de Milei en el que celebraba protestas similares en Francia, sugiriendo una doble vara en la aplicación de la ley.

El episodio reavivó el debate sobre la criminalización de la protesta y la represión política en Argentina. Mientras el oficialismo sostiene que la actuación judicial y policial responde a delitos concretos, sectores opositores denuncian una escalada represiva y una utilización política de la justicia. La situación genera preocupación en el contexto de una creciente polarización y judicialización de la protesta social, con implicancias que podrían extenderse en el tiempo.