YPF, junto a la italiana ENI y la firma XRG, brazo internacional de ADNOC, firmaron un acuerdo vinculante para avanzar en el megaproyecto Argentina LNG, que prevé transformar a la provincia de Río Negro en un polo exportador de gas natural licuado. La inversión estimada ronda los 30.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones se destinarán a infraestructura y 10.000 millones al desarrollo de pozos en la cuenca neuquina.

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que el acuerdo busca cerrar la estructura financiera antes de fin de año para iniciar las obras, que incluyen la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, el más grande de la historia argentina, así como oleoductos, poliductos y plantas de separación de GLP. El proyecto contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

Según Marín, la iniciativa generará entre 40.000 y 50.000 empleos y permitirá exportar gas por 10.000 millones de dólares anuales durante dos décadas. "Este proyecto va a cambiar la balanza comercial energética de la Argentina de manera estructural", afirmó el ejecutivo. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, subrayó el consenso político y social alcanzado en la provincia y la prioridad para el empleo y proveedores locales.

El acuerdo también prevé aportes comunitarios y tasas provinciales, así como un programa de formación técnica para mano de obra local. La presencia de ADNOC, la cuarta petrolera mundial, y el respaldo de bancos internacionales como JP Morgan, refuerzan la proyección global del proyecto. Las empresas esperan alcanzar la decisión final de inversión en la segunda mitad de 2026 y comenzar las exportaciones a partir de 2030.

El megaproyecto Argentina LNG representa un paso estratégico para diversificar la matriz exportadora argentina y consolidar a Río Negro como un actor central en el nuevo mapa energético nacional. Las autoridades y empresas involucradas coinciden en que la estabilidad política y la seguridad jurídica de la provincia fueron determinantes para la concreción del acuerdo, que podría marcar el inicio de una nueva etapa de desarrollo para la región y el país.