El proceso para designar al próximo Defensor o Defensora del Niño en Argentina enfrenta serios obstáculos logísticos y políticos. Más de 220 postulantes fueron admitidos para participar en el concurso público, cuyo examen escrito está programado para el 1 de agosto. Sin embargo, la negativa de la Cámara de Diputados a ceder el recinto tradicional, alegando reformas, ha generado incertidumbre sobre el lugar donde se realizará la evaluación.

La Comisión Bicameral encargada del proceso, presidida por la diputada radical Natalia Sarapura, ha manifestado su preocupación por la falta de presupuesto asignado para la organización del concurso. "Estamos trabajando con presupuesto del año pasado y eso es fundamental", señaló Sarapura, quien también solicitó colaboración a los legisladores oficialistas para gestionar los recursos necesarios. La senadora oficialista Vilma Bedia respondió que la gestión del presupuesto corresponde a la presidencia de la comisión, mientras que otros legisladores insistieron en la necesidad de apoyo institucional para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso.

El cronograma del concurso incluye la resolución de impugnaciones, la realización del examen escrito, la corrección y publicación de resultados, audiencias públicas y, finalmente, la elevación de la terna de candidatos a las Cámaras para su votación en septiembre. Organizaciones de la sociedad civil y un Consejo Asesor Técnico participan activamente para asegurar la transparencia y la idoneidad del proceso.

El cargo de Defensor del Niño, creado en 2005, permaneció vacante durante 14 años y su designación ha estado marcada por polémicas y demoras. La gestión anterior, encabezada por Marisa Graham, fue objeto de críticas por su sesgo ideológico y la falta de consenso en su nombramiento. Actualmente, la acefalía del organismo preocupa a especialistas y organizaciones, ya que implica el riesgo de paralizar el seguimiento de políticas públicas clave para la infancia.

Legisladores de diferentes bloques han coincidido en la necesidad de normalizar la situación de la Defensoría y garantizar un proceso transparente, independiente y participativo. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la sede del examen y la falta de recursos amenazan con retrasar una definición que impacta directamente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país.