El gobierno de Javier Milei ejecutó en sus dos primeros años un ajuste fiscal que recortó el gasto público nacional en US$38.000 millones, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Este recorte llevó el gasto público a su nivel más bajo desde 2008, con una caída de 6,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2023 y 2025. El ajuste, conocido popularmente como la "motosierra", impactó principalmente en las transferencias a provincias, programas sociales, jubilaciones, inversión estatal y salarios públicos.

De acuerdo con los informes, las transferencias de capital a las provincias registraron la mayor caída porcentual, con una reducción real del 93,8% en dos años. La inversión real directa del Estado nacional se contrajo un 73,5%, mientras que los programas sociales sufrieron una baja del 52,3%. El gasto salarial del Estado nacional también se redujo en un 25,8%, lo que implicó la eliminación de más de 50.000 empleos públicos y una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios.

En contraste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue la única partida social que aumentó en términos reales, con un alza del 70,3%. Este incremento permitió al gobierno contener parte del descontento social, aunque otras transferencias y políticas complementarias fueron recortadas o eliminadas.

El ajuste fiscal permitió alcanzar un superávit primario de entre 1,3% y 1,5% del PBI en 2025, cumpliendo así con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el recorte nacional no fue acompañado en igual medida por provincias y municipios, que incluso aumentaron levemente su participación en el gasto consolidado. Esta situación fue criticada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que "en 2025, Nación siguió cortando su gasto; provincias y municipios lo subieron".

El objetivo declarado del gobierno es llevar el gasto público al 25% del PBI, un nivel históricamente asociado a crisis profundas. El impacto del ajuste se refleja en la reducción de servicios, infraestructura y consumo, así como en la reconfiguración de la relación fiscal entre Nación y provincias. El gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad fiscal y el cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, mientras que sectores afectados advierten sobre las consecuencias sociales y económicas de la reducción del gasto estatal.