El abogado Nicolás Payarola fue procesado por el delito de defraudación y administración infiel, tras una investigación que lo señala como responsable de una estafa millonaria en perjuicio de la familia del futbolista Gonzalo Montiel. El juez Santiago Carlos Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó un embargo de hasta 810 millones de pesos sobre los bienes de Payarola, medida que busca garantizar la reparación de los daños económicos causados.

Según la investigación judicial, entre marzo y octubre de 2023, Payarola se desempeñó como representante legal de Montiel y su familia, gestionando fondos para un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. Durante ese período, la familia realizó entregas sucesivas de dinero en efectivo y transferencias bancarias, bajo la promesa de inversiones y compras de terrenos que resultaron ser inexistentes. El expediente detalla que Payarola utilizó su posición de confianza para apropiarse de más de 700 mil dólares, recurriendo a la falsificación de documentos y maniobras financieras no justificadas.

El padre de Montiel, Tito, y su yerno, Brahim López, expresaron públicamente el dolor y la frustración que les causó la situación. "Sufrimos mucho. Este tipo nos robó un sueño que teníamos como familia, un esfuerzo de toda una vida", declaró López. La familia, que había depositado su confianza en el abogado tras una recomendación en un contexto judicial previo, ahora reclama la restitución integral de los fondos.

El caso se complejiza con la aparición de otras denuncias contra Payarola, incluyendo reclamos de abogadas por honorarios impagos y la defensa pública del letrado por parte de figuras como Wanda Nara y L-Gante. En el entorno mediático, se especula sobre posibles extorsiones y videos comprometedores que habrían influido en el silencio o apoyo de algunos involucrados.

Mientras la causa avanza en la justicia penal y civil, el escándalo pone en evidencia la vulnerabilidad de las figuras públicas ante fraudes y la necesidad de mayor control sobre la actuación de profesionales del derecho. El desenlace del proceso judicial será clave para determinar las responsabilidades y eventuales sanciones.