La disputa por los fondos nacionales entre el Gobierno de Javier Milei y las provincias alcanzó un nuevo pico de tensión esta semana, con la posibilidad de que el Senado se autoconvoque para tratar proyectos que obligarían al Ejecutivo a repartir recursos clave. Gobernadores de todos los signos políticos, junto a intendentes de las principales ciudades del país, intensificaron sus reclamos por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, recursos que consideran esenciales para el funcionamiento de las administraciones locales.

El conflicto se agravó luego de que el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, declarara inválidos los dictámenes de comisión impulsados por la oposición, argumentando que no se cumplieron los procedimientos reglamentarios. Sin embargo, la oposición sostiene que cuenta con el quórum necesario para sesionar y aprobar las leyes, lo que podría poner al Gobierno en la incómoda posición de tener que vetar iniciativas de fuerte impacto social, como la recomposición de jubilaciones y la asistencia a personas con discapacidad.

En paralelo, intendentes de todo el país, encabezados por Pablo Javkin (Rosario) y Daniel Passerini (Córdoba), se movilizan en Buenos Aires para exigir el reparto de fondos y la reactivación de obras públicas paralizadas. "Basta de privilegios al AMBA a costa del esfuerzo del resto del país", reclamó Javkin, reflejando el malestar de las ciudades del interior.

El Gobierno, por su parte, intenta frenar la avanzada sugiriendo que los proyectos sean debatidos en comisiones antes de llegar al recinto, pero los gobernadores insisten en avanzar de inmediato. "No vemos que haya una reactivación que haya llegado verdaderamente al bolsillo de la gente", advirtió el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien también llamó a recuperar el diálogo entre Nación y provincias.

El trasfondo de la disputa es el ajuste fiscal implementado por la administración Milei, que ha generado malestar por la retención de fondos que históricamente se distribuían entre provincias y municipios. La situación amenaza con escalar y afectar la gobernabilidad, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones nacionales y la creciente presión de los actores locales por una mayor equidad en el reparto de los recursos públicos.