El debate por el Presupuesto 2026 de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un punto crítico, marcado por intensas negociaciones entre el oficialismo porteño, La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la oposición peronista. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, enfrenta el desafío de lograr los consensos necesarios para aprobar la "ley de leyes" en una Legislatura fragmentada y con una mayoría oficialista debilitada.

Uno de los principales focos de tensión es la exigencia de la Ciudad a la Nación para que se salde una deuda de $274.000 millones por fondos de coparticipación y que el 1,55% de transferencias semanales, dispuesto por la Corte Suprema, quede explícitamente consignado en el Presupuesto nacional. "Las obligaciones de pagar entre estados tienen que estar expresadas en el Presupuesto", afirmó Macri, quien condiciona el apoyo del PRO al proyecto nacional a la inclusión de estas partidas.

En paralelo, la Legislatura porteña debate una serie de reformas impositivas, con propuestas de exención total de Ingresos Brutos para monotributistas no profesionales y reducciones progresivas para otras categorías. Sin embargo, LLA, que firmó el dictamen en disidencia, reclama una baja de impuestos aún más profunda y busca obtener cargos clave en comisiones legislativas. "Estamos pidiendo algunas bajas de impuestos y algunos puntos más. Todavía eso está en negociación", señalaron desde el entorno libertario.

El peronismo, por su parte, rechaza el proyecto y exige exenciones más amplias, así como mayores beneficios para sectores como la hotelería, la gastronomía y los clubes de barrio. "Nuestro bloque ha hecho propuestas concretas en beneficio de la gente. Respecto del presupuesto somos muy críticos de cómo se construyeron las prioridades", expresó Claudia Neira, presidenta del bloque Unión por la Patria.

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5%, una inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 para fin de año. Los gastos totales se estiman en $17,3 billones, con un resultado financiero superavitario de $6.000 millones.

La sesión prevista para el 27 de noviembre podría extenderse o postergarse una semana ante la falta de acuerdos técnicos y políticos. El desenlace de la votación será determinante para la gobernabilidad en la Ciudad y la relación con el Gobierno nacional, en un contexto de tensiones por la distribución de recursos y la fragmentación de alianzas políticas.