Tras una ruptura de pareja, un policía baleó a su ex, asesinó a la tía de ella y se quitó la vida
🔴 Tragedia en Laferrere: policía baleó a su ex pareja, mató a la tía de ella y se suicidó. La joven, también policía, sigue grave. El caso reaviva el debate sobre violencia de género y armas reglamentarias en fuerzas de seguridad. #Argentina


Un trágico episodio de violencia de género sacudió la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando un oficial de la Policía Bonaerense asesinó a la tía de su ex pareja, baleó a la joven y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda de la calle Alfonso Pareja al 2300, donde Virginia Macarena Ruiz, de 22 años, también integrante de la fuerza, había acudido junto a su tía Cristina Ruiz, de 46, para retirar sus pertenencias tras la ruptura con Diego Nicolás Montoya, de la misma edad y división policial.
Según fuentes policiales y judiciales, la mudanza se desarrollaba con normalidad hasta que, tras una discusión, Montoya extrajo su arma reglamentaria y disparó contra ambas mujeres. Cristina Ruiz recibió un disparo en la cabeza y falleció poco después en el Hospital Balestrini, mientras que Virginia Ruiz fue herida en el pómulo y el brazo, y permanece internada en estado crítico tras ser operada dos veces.
Tras el ataque, Montoya se dirigió a una habitación y se suicidó con la misma arma. Vecinos alertaron a la policía tras escuchar los disparos y presenciar a Virginia pidiendo ayuda en la vereda. El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, quien ordenó preservar la escena y realizar las pericias correspondientes.
El episodio se enmarca en un contexto alarmante: entre enero y junio de 2025 se registraron 128 femicidios en Argentina, de los cuales el 10% fue perpetrado por miembros de fuerzas de seguridad. Organizaciones sociales y de derechos humanos renovaron sus reclamos por políticas de prevención, control de armas y protección a víctimas de violencia de género, especialmente cuando los agresores pertenecen a instituciones armadas. El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de protocolos más estrictos para el uso y control de armas reglamentarias en el ámbito policial.
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