La Justicia de Chubut realizó este martes una serie de allanamientos en Trelew, en el marco de una investigación por un presunto intento de soborno destinado a impedir el inicio del ciclo lectivo en la provincia. Los procedimientos se llevaron a cabo en oficinas de una empresa pesquera ubicada en el Parque Industrial Liviano, donde Gonzalo Carpintero, exfuncionario provincial y actual empleado del sector, habría citado al dirigente gremial José Severiche para ofrecerle dinero a cambio de generar un conflicto gremial.

La fiscal Julieta Gamarra, titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, confirmó que la denuncia fue presentada por Severiche, secretario general de ATE, quien aseguró que Carpintero lo convocó a una reunión y le propuso un resarcimiento económico para que, desde su posición, provocara un "quilombo" suficiente como para frenar el inicio de clases. "La intención era generar un daño al gobernador Ignacio Torres", explicó Gamarra, quien detalló que la investigación se encuentra en etapa inicial y la calificación legal es provisoria, aunque se evalúa la figura de cohecho.

Durante los allanamientos, la policía secuestró teléfonos celulares y un DVR con registros fílmicos de la reunión, elementos considerados clave para el avance de la causa. Carpintero fue interceptado en la vía pública y su celular fue incautado, al igual que el de una tercera persona que habría actuado como intermediario en la coordinación del encuentro.

La fiscalía destacó que la reunión denunciada tuvo lugar el miércoles 4 de febrero en las oficinas de la empresa pesquera, y que la investigación busca corroborar los hechos y obtener información relevante de los dispositivos secuestrados. "Si encontramos elementos suficientes, avanzaremos en la imputación y apertura de investigación", señaló Gamarra.

El caso ha generado preocupación en la provincia, dado el impacto potencial sobre el derecho a la educación y la estabilidad institucional. Carpintero, quien ya fue condenado por enriquecimiento ilícito en causas vinculadas al gobierno anterior, vuelve a estar bajo la lupa judicial. El episodio pone en evidencia la persistencia de prácticas corruptas y la utilización de conflictos sociales como herramienta de presión política, en un contexto donde la educación y el funcionamiento democrático se ven amenazados.