El hallazgo de 470 kilos de cocaína en el buque MV Ceci, amarrado en el puerto de San Lorenzo, Santa Fe, ha desatado un intenso debate sobre el narcotráfico en la región. El descubrimiento ocurrió cuando el capitán del barco, de bandera de las Islas Marshall, notó un polvo blanco en una de las cámaras frigoríficas y dio aviso a las autoridades. La droga, empaquetada con sistemas de flotación y GPS, estaba diseñada para ser arrojada al agua y recogida posteriormente.

El operativo, presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como un logro en la lucha contra el narcotráfico, incluyó la detención de los 20 tripulantes filipinos del buque. Sin embargo, solo el cocinero quedó en prisión preventiva tras admitir su participación, aunque su versión presenta inconsistencias. El valor estimado del cargamento asciende a 6 millones de dólares.

La investigación apunta a que la droga fue cargada desde una lancha de aprovisionamiento y podría estar vinculada al cartel brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC). Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de la hidrovía Paraná-Paraguay, una ruta clave para el tráfico de drogas hacia Europa.

El hallazgo ha generado reacciones diversas. Mientras Bullrich destacó la colaboración entre agencias estatales y judiciales, críticos cuestionaron la efectividad de los controles y señalaron posibles complicidades estatales. Expertos en narcotráfico subrayaron que el descubrimiento fue fortuito y no resultado de un operativo planificado.

En el contexto de un año electoral, el caso ha adquirido una dimensión política. Bullrich afirmó que este operativo forma parte de un récord en incautaciones de cocaína en 2025, con más de 3.600 kilos decomisados hasta la fecha. Sin embargo, el caso también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico de manera estructural.

La investigación continúa para determinar la procedencia exacta de la droga y los responsables detrás del cargamento. Mientras tanto, el buque y su tripulación permanecen retenidos en San Lorenzo, a la espera de nuevas decisiones judiciales.