El estreno del documental "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa" en Netflix ha reavivado el interés y la polémica en torno al crimen ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, donde ocho jóvenes fueron condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La producción, dirigida por Martín Rocca y realizada por Fábula, reconstruye minuto a minuto el hecho que conmocionó a la sociedad argentina, incluyendo testimonios inéditos y material de archivo exclusivo.

El documental aborda el desarrollo del caso desde la brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique, donde Fernando, de 18 años, perdió la vida. Entre los testimonios presentados se encuentran los de familiares, amigos y abogados de la víctima, así como de algunos de los condenados y testigos. Sin embargo, la ausencia de Virginia Pérez Antonelli, la joven que le practicó maniobras de RCP a Fernando y fue testigo clave en el juicio, generó malestar y críticas en redes sociales. Pérez Antonelli expresó públicamente su descontento por no haber sido incluida en la producción, señalando: "Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar?".

En paralelo, la vida de los condenados sigue siendo objeto de atención. Máximo Thomsen, uno de los principales acusados, fue recientemente aislado del resto de los internos en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero tras protagonizar una pelea, medida tomada para prevenir represalias y reducir tensiones dentro del penal. El caso de Thomsen cobró relevancia en la antesala del estreno del documental, alimentando el debate sobre el trato que reciben los condenados y la exposición mediática del caso.

Por otro lado, al menos dos de los condenados, Matías Benicelli y Lucas Pertossi, presentaron medidas cautelares ante la Justicia para evitar el estreno del documental y la utilización de sus nombres e imágenes, argumentando que la difusión podría influir en la decisión judicial pendiente. Sin embargo, la Cámara Civil rechazó los pedidos, priorizando el derecho a la libertad de expresión sobre los derechos personalísimos de los involucrados.

El proceso judicial aún no ha concluido, ya que las defensas de los condenados apelaron las sentencias y el caso está bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El documental surge en un contexto de debate sobre la representación mediática de hechos judiciales y su impacto en la opinión pública, mientras la familia Báez Sosa continúa reclamando una condena firme y definitiva.