El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca modificar el régimen penal tributario y fomentar el uso de dólares fuera del sistema bancario formal. La iniciativa, anunciada por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, propone elevar significativamente los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito de evasión fiscal. Así, el umbral para evasión simple pasaría de $1,5 millones a $100 millones, y para evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

El proyecto también reduce el plazo de prescripción tributaria a tres años para quienes presenten sus declaraciones juradas en término y regularicen sus saldos, mientras que para el resto de los contribuyentes será de cinco años y para los no inscriptos, de diez. Además, se crea un régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, excluyendo a los grandes contribuyentes.

Según explicó Pazo, "con el nuevo criterio que establece esta ley, los problemas impositivos se resuelven pagando". El pago bajo el régimen simplificado tendrá efecto liberatorio, salvo en casos de fraude o uso de facturas falsas. El Gobierno sostiene que la medida busca pasar de un enfoque punitivo a uno recaudatorio, facilitando la formalización de ahorros y brindando seguridad jurídica a quienes adhieran al nuevo régimen.

Sin embargo, la propuesta generó críticas de sectores sindicales y de la oposición, quienes advierten que la ley podría beneficiar a evasores y dificultar el control fiscal. Federico Ledesma, de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, señaló que "estas acciones del Gobierno no hacen más que complicar la situación porque benefician a quienes no cumplen la ley". Además, se cuestiona la eliminación de controles sobre operaciones inmobiliarias y la posible reducción de información disponible para la fiscalización.

El debate parlamentario será determinante para el futuro de la iniciativa, en un contexto de fuerte caída de la actividad económica y alta informalidad. El Gobierno apuesta a que la medida permita remonetizar la economía y captar dólares fuera del sistema, mientras que la oposición insiste en los riesgos de menor control y posibles efectos negativos sobre la recaudación y la equidad fiscal.