El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras la media sanción del denominado Súper RIGI, un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que ofrece beneficios excepcionales por 30 años a proyectos de inversión superiores a 1.000 millones de dólares en nuevas actividades económicas. Impulsado por el gobierno de Javier Milei, el proyecto busca atraer grandes inversiones tecnológicas, especialmente en el sector de inteligencia artificial y data centers, en línea con la estrategia de alineamiento internacional con Estados Unidos y la reciente adhesión a la iniciativa Pax Silica.

El Súper RIGI, aprobado en la Cámara de Diputados con 130 votos a favor, establece una reducción significativa de impuestos, exenciones aduaneras y estabilidad normativa por tres décadas. Además, permite a los inversores litigar en tribunales internacionales, lo que ha generado preocupación por la posible pérdida de soberanía y autonomía fiscal de provincias y municipios. Durante el debate, el diputado Germán Martínez advirtió que "afecta directamente a las provincias", mientras que el oficialismo sostiene que el régimen tendrá un "impacto transformador en la estructura productiva nacional".

En paralelo, el Ejecutivo impulsa una reforma a la Ley de Sociedades que permitiría otorgar personería jurídica a sistemas de inteligencia artificial, habilitando la creación de "sociedades automatizadas" gestionadas sin intervención humana. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa en el Senado, afirmando que "vale la pena intentarlo" pese a la incertidumbre sobre sus efectos.

Las propuestas han recibido críticas de organizaciones civiles y ambientales, que advierten sobre el riesgo de desprotección estatal, impacto en ecosistemas y falta de debate democrático. Más de veinte organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Greenpeace, firmaron un documento conjunto alertando sobre los efectos a largo plazo de estas decisiones.

El contexto internacional, marcado por la competencia global por recursos estratégicos y el avance de la inteligencia artificial, refuerza la urgencia y complejidad del debate. Mientras el gobierno apuesta por la desregulación y la atracción de inversiones, sectores opositores y expertos reclaman mayores controles y protección de los intereses nacionales. El Senado tendrá la última palabra sobre el futuro de estas iniciativas, que podrían redefinir el marco legal y económico argentino para las próximas décadas.