Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se encuentra bajo la lupa judicial y mediática tras detectarse presuntas omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales. El foco de la investigación es la falta de inclusión de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida por su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024. Según la normativa vigente, los funcionarios deben declarar no solo sus bienes, sino también los de su cónyuge, incluso si no son gananciales.

La declaración jurada presentada por Adorni ante el Tribunal Electoral porteño en marzo de 2025 no incluyó la mencionada propiedad, pese a que la guía oficial exige detallar la totalidad de bienes inmuebles. Además, la Justicia investiga la adquisición de un departamento en Caballito, donde Adorni reside, y la posible existencia de otra vivienda en Morón, también vinculada a su esposa.

La escribana del matrimonio y las prestamistas confirmaron que la compra de la casa en Indio Cua se financió parcialmente con un préstamo hipotecario de USD 100.000, garantizado con otro inmueble. Hasta el momento, se han pagado USD 30.000 de ese crédito. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita lideran la causa, que incluye el análisis de pagos, hipotecas, remodelaciones y el origen de los fondos utilizados.

Adorni, en conferencia de prensa, defendió la legalidad de su patrimonio y atribuyó las denuncias a una campaña política y mediática. "No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", afirmó. Sin embargo, evitó dar detalles sobre las propiedades bajo investigación, argumentando que no puede interferir en la causa judicial en curso.

El caso ha generado un fuerte impacto político, con la oposición exigiendo explicaciones en el Congreso y el oficialismo bloqueando intentos de interpelación. La investigación también abarca el uso de vuelos oficiales y privados, y la Justicia ha solicitado información a organismos estatales y empresas vinculadas a los traslados.

La omisión de bienes en la declaración jurada puede tener consecuencias administrativas y penales si se prueba la intención maliciosa. Mientras tanto, la causa sigue avanzando y podría derivar en nuevas imputaciones, en un contexto de creciente presión sobre la transparencia del gobierno.