El gobierno argentino atraviesa una de sus semanas más críticas en el tramo final de la campaña bonaerense, tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Los audios, que sugieren la existencia de una red de coimas y operaciones irregulares en áreas sensibles del Estado, han generado un fuerte impacto en la opinión pública y en la imagen del presidente Javier Milei y su entorno más cercano.

La reacción oficial no se hizo esperar. Karina Milei acudió a la justicia y el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios, una decisión que fue rápidamente cuestionada por especialistas en derecho constitucional y por diversos sectores políticos y mediáticos, quienes la calificaron como un acto de censura previa y una vulneración de la libertad de expresión. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, presentó denuncias penales contra periodistas y el canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron las grabaciones, lo que intensificó el debate sobre el rol de la prensa y el derecho a la información en casos de interés público.

El escándalo se produce en un contexto de creciente malestar social, marcado por la caída del consumo, la fractura de alianzas políticas y la derrota electoral de La Libertad Avanza en Corrientes, donde su candidato quedó relegado al cuarto puesto. Las encuestas reflejan una caída en la aprobación presidencial y un aumento de menciones negativas en redes sociales, especialmente hacia Karina Milei, quien suspendió actividades de campaña en el interior bonaerense.

La crisis interna del oficialismo se agudiza con disputas entre funcionarios y operadores políticos, mientras la oposición y referentes de la sociedad civil expresan su repudio a las medidas judiciales y denuncian amedrentamiento a periodistas. El escándalo de ANDis, sumado a denuncias de sobreprecios en PAMI y otras irregularidades, pone en tela de juicio la transparencia y el control en áreas clave del Estado.

En este clima de inestabilidad, el gobierno enfrenta el desafío de recuperar credibilidad y cohesión política, en medio de una campaña electoral marcada por la polarización y la incertidumbre sobre el futuro económico y político del país. La medida cautelar dictada por Maraniello revive debates históricos sobre la censura previa y la libertad de prensa en Argentina, mientras la sociedad y los actores políticos esperan definiciones que permitan superar la crisis y avanzar hacia una mayor institucionalidad y transparencia.