El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por los ex mandatarios Omar Perotti y Antonio Bonfatti, encabezó este miércoles un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una deuda previsional que la provincia estima en más de un billón de pesos. El conflicto, que se arrastra desde los años 90, se centra en la falta de transferencias de fondos por parte de ANSES para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones santafesina, que nunca fue transferida al sistema nacional.

La audiencia, convocada por el máximo tribunal, reunió a representantes provinciales y nacionales en un intento de mediación. Pullaro destacó la importancia de la unidad política en la defensa de los intereses de Santa Fe: “Personas que no pertenecemos a los mismos frentes políticos, pero que estamos juntos defendiendo los intereses provinciales”, afirmó. El gobernador remarcó que el reclamo incluye tanto el stock acumulado de la deuda como el flujo mensual de fondos, suspendido desde enero de 2024 por el decreto 280/2024. “No vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe”, sostuvo Pullaro, aunque se mostró flexible respecto a la forma de pago, aceptando bonos o bienes del Estado, pero no “papeles”.

La provincia mantiene una medida cautelar para exigir la restitución inmediata del flujo interrumpido, mientras se avanza en una instancia técnica de negociación prevista para el 8 de julio. El impacto de la deuda, según las autoridades, equivale a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o la construcción de 170 escuelas. Pullaro subrayó que la falta de fondos afecta áreas clave como salud, educación y seguridad, y que Santa Fe es la provincia menos endeudada del país gracias a una administración fiscal responsable.

El reclamo cuenta con el respaldo transversal de los principales partidos provinciales, en contraste con la postura de Córdoba, que aceptó un pago parcial a cambio de desistir de la demanda histórica. Bonfatti y Perotti coincidieron en la importancia de la unidad institucional y la defensa del federalismo. Por su parte, el gobierno nacional reconoció la existencia de la deuda, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre el monto ni el modo de pago. En las próximas semanas, la Corte Suprema podría definir los pasos legales a seguir si las partes no logran un entendimiento.