El traslado de 19 represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Unidad 34 de Campo de Mayo ha generado una fuerte controversia en Argentina. Entre los trasladados se encuentran figuras emblemáticas como Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason, quienes fueron reubicados desde el penal de Ezeiza. Según el Servicio Penitenciario Federal, la medida busca liberar espacio en Ezeiza para alojar mujeres y detenidos de alto perfil, principalmente ligados a la narcocriminalidad.

La decisión, ejecutada bajo la dirección de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos como H.I.J.O.S Capital. "El único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común", afirmaron desde la organización, calificando la medida como parte de un "plan de impunidad" del gobierno de Javier Milei. Además, señalaron que la Unidad 34 ofrece condiciones de privilegio, como actividades recreativas y mayor comodidad, lo que consideran inaceptable para quienes han cometido crímenes de esta magnitud.

Desde el gobierno, se defendió la decisión argumentando que no se trata de una "cárcel VIP" y que las condiciones son similares a las de otros penales. "No van a una cárcel VIP, van al mismo lugar que el kirchnerismo envió a otros militares peligrosos", señalaron fuentes oficiales, en referencia a la historia de la Unidad 34, que fue construida en 2007 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El traslado también ha generado reacciones en el ámbito castrense. Una nota del vicealmirante retirado Jorge Manzor destacó que los represores fueron alojados en habitaciones individuales, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un gesto hacia los condenados.

Este hecho ocurre en un contexto de tensiones políticas y sociales, reavivando debates sobre la memoria y justicia en el país. La medida coincide con el aniversario del pañuelazo contra el 2x1 para genocidas, un hito en la lucha por los derechos humanos en Argentina. Mientras tanto, la sociedad civil y organismos de derechos humanos continúan exigiendo que los represores cumplan sus condenas en cárceles comunes, sin privilegios que puedan interpretarse como beneficios indebidos.