El Juzgado Federal Nº 2 de Paraná, bajo la dirección del juez Edgardo Alonso, ha declarado inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, emitido por el gobierno de Javier Milei. Este decreto, que modificaba la Ley de Identidad de Género, prohibía a menores de edad acceder a tratamientos hormonales y quirúrgicos para la afirmación de género. La decisión judicial, considerada histórica, restituye el derecho de los menores a estos tratamientos bajo consentimiento informado y supervisión médica.

El caso que originó el fallo fue presentado por la madre de un adolescente trans de 17 años, quien buscaba cobertura médica para una mastectomía. Según el juez Alonso, el Poder Ejecutivo no tenía facultades para modificar una ley nacional mediante un DNU, especialmente sin demostrar la "necesidad y urgencia" requeridas por la Constitución. Además, el magistrado destacó que el decreto fue emitido a solo 22 días del inicio de las sesiones legislativas, lo que refuerza la falta de premura para su implementación.

La sentencia tiene alcance nacional y obliga a la obra social OSECAC a brindar la cobertura necesaria para los tratamientos del adolescente. Este fallo se suma a otros dictámenes similares en Buenos Aires y Neuquén, donde se han tomado medidas para garantizar la continuidad de tratamientos hormonales y quirúrgicos para menores de edad.

La Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, garantiza el derecho al libre desarrollo personal y acceso a tratamientos médicos para la afirmación de género. El DNU 62/2025, emitido en febrero de este año, había generado controversia al restringir estos derechos, siendo calificado por activistas y organizaciones como un retroceso en materia de derechos humanos y salud pública.

Ariel Villanueva, abogado y activista de la organización Equal, celebró la decisión como una "reconquista" de derechos. "Este fallo no solo impacta en la salud mental de las familias, sino que también brinda seguridad a los profesionales de la salud que temían ser sancionados por trabajar con perspectiva de derechos humanos", afirmó.

Por su parte, el gobierno ha defendido el DNU como una medida de protección para menores, aunque ha sido ampliamente criticado por su falta de fundamento jurídico. En Neuquén y Buenos Aires, se han implementado resoluciones para garantizar la continuidad de tratamientos, incluso bajo el marco del decreto.

El fallo de Paraná marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las personas trans en Argentina, subrayando la importancia de un enfoque basado en derechos humanos y evidencia médica. Se espera que esta decisión influya en otros casos similares que están siendo tratados en la Justicia.