La Justicia federal ordenó la liberación de tres militantes kirchneristas detenidos por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert, mientras que la concejala de Quilmes, Eva Mieri, continúa en prisión preventiva. El hecho, ocurrido el 17 de junio en San Isidro, involucró a cinco personas encapuchadas que arrojaron estiércol y colgaron un pasacalles con amenazas frente al domicilio del legislador.

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes deberán cumplir medidas restrictivas como la prohibición de salir del país y de acercarse a Espert. Por su parte, Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, recibió prisión domiciliaria debido a una enfermedad crónica.

La magistrada justificó la prisión preventiva de Mieri por su condición de funcionaria pública y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa de Mieri argumentó que no existen riesgos procesales y denunció desproporción en la medida, mientras que sectores del kirchnerismo y organismos de derechos humanos calificaron las detenciones como persecución política y criminalización de la protesta.

El caso generó un fuerte debate político. Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el propio Espert respaldaron la actuación judicial y policial, mientras que referentes kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, exigieron la liberación de los detenidos y denunciaron un uso excesivo del aparato punitivo del Estado.

Abogados y organismos como el CELS advirtieron sobre el impacto inhibidor de estas medidas en la protesta social y la participación política, señalando una tendencia a la utilización de figuras penales graves para hechos que, según su visión, podrían ser considerados contravenciones. El debate sobre la proporcionalidad de las detenciones y el rol del Poder Judicial continúa abierto, en un contexto de alta polarización política en Argentina.