La Justicia argentina dio un paso clave en la causa Vialidad al ordenar que Cristina Kirchner y otros ocho condenados devuelvan más de 684.000 millones de pesos, equivalentes a más de 500 millones de dólares, por maniobras de corrupción en la obra pública. El monto, actualizado por peritos de la Corte Suprema, responde al perjuicio ocasionado al Estado entre 2003 y 2015, principalmente en la provincia de Santa Cruz, a través de sobreprecios y obras inconclusas adjudicadas al empresario Lázaro Báez.

Según el informe oficial, los condenados tendrán un plazo de 10 días para depositar la suma establecida. De no cumplir, la Justicia avanzará con la ejecución de bienes embargados, que incluyen 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades. Entre los bienes figuran hoteles, estancias, departamentos en Puerto Madero y cuentas en dólares, tanto de Cristina Kirchner como de otros implicados.

El fiscal Diego Luciani subrayó la gravedad del daño social y la importancia de que el Estado recupere los activos provenientes del delito. "El recupero de activos procura impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo", argumentó la fiscalía. La sentencia también habilita al Estado a reclamar bienes usados para cometer el delito o adquiridos gracias a él.

Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por fraude, declaró un patrimonio de 250 millones de pesos, aunque gran parte de sus bienes fue transferida a sus hijos y permanece embargada. Lázaro Báez, principal adjudicatario de las obras, posee activos por más de 120 millones de dólares, muchos de ellos comprometidos en otras causas judiciales.

El caso Vialidad se suma a otros procesos civiles y penales, como Hotesur, Los Sauces y la "ruta del dinero K", en los que se investiga el destino de los fondos públicos y la responsabilidad de exfuncionarios. El proceso de decomiso y remate de bienes será seguido de cerca por la opinión pública y podría sentar un precedente en la recuperación de activos por corrupción en Argentina.