El brutal asesinato de César Darío Rodas, de 41 años, en una vivienda de Guaymallén, Mendoza, ha sacudido a la comunidad local y puesto en el centro del debate la efectividad de los controles judiciales sobre la prisión domiciliaria. Adriana Valeria Suárez, de 40 años, quien cumplía arresto domiciliario por una condena previa, fue detenida junto a Marcelo Rubén Altamirano y Damián Rolando Contreras tras el hallazgo del cuerpo descuartizado y quemado de Rodas en su domicilio de Adolfo Calle al 1900.

La investigación se aceleró cuando un ex cuñado de Suárez denunció ante la policía haber recibido imágenes del torso mutilado de la víctima por WhatsApp. Al llegar al lugar, la policía encontró resistencia por parte de Suárez, pero tras obtener una orden judicial, ingresaron y hallaron restos humanos distribuidos en la vivienda, así como herramientas compatibles con el descuartizamiento y restos calcinados en una parrilla.

Según la declaración de Suárez, el ataque se desencadenó luego de que su hija adolescente denunciara un presunto abuso sexual por parte de Rodas. Tanto Suárez como Altamirano habrían golpeado a la víctima con puños y un hacha antes de proceder al desmembramiento. Contreras, por su parte, admitió haber estado presente y haber agredido levemente a Rodas, pero negó una participación activa en el crimen.

Un elemento inesperado en la investigación fue la aparición de imágenes de Google Street View, que captaron a Suárez fuera de su domicilio en 2024, violando así las condiciones de su prisión domiciliaria. Estas pruebas reforzaron la acusación y pusieron en evidencia las deficiencias en el monitoreo de este tipo de medidas judiciales.

La fiscal Andrea Lazo imputó a Suárez y Altamirano por homicidio agravado por ensañamiento, delito que prevé prisión perpetua. Contreras continúa bajo análisis judicial para determinar su grado de responsabilidad. Las cinco hijas menores de Suárez, que presenciaron el crimen, fueron puestas bajo resguardo estatal y asistidas por equipos técnicos.

Vecinos del barrio describieron a Suárez como una persona conflictiva y señalaron que la vivienda era foco de problemas. El caso ha reavivado el debate sobre la protección de menores y la eficacia de las prisiones domiciliarias, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles y posibles cómplices.