El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anunció este martes una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) mediante el Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, presentada en un acto en la sede de la Policía Montada en Palermo, redefine el rol de la fuerza, orientándola exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos, como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas.

El nuevo estatuto deroga la normativa vigente desde 1958 y establece la creación de departamentos internos especializados, como el Departamento Federal de Investigaciones y el Departamento Federal de Coordinación. Además, la PFA dejará de tener competencias sobre la seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, función que había sido transferida progresivamente a la policía porteña desde 2016.

Entre los cambios más controvertidos, se habilita a la PFA a realizar patrullajes virtuales en redes sociales y sitios públicos digitales sin necesidad de autorización judicial, aunque el Gobierno asegura que se respetarán la protección de datos personales y los derechos fundamentales. Asimismo, los efectivos podrán detener a personas sin orden judicial si existen circunstancias fundadas que hagan presumir la comisión de un delito, lo que ha generado preocupación entre especialistas y miembros de la propia fuerza por el posible impacto en las garantías constitucionales.

La reforma también incluye la reducción progresiva del ingreso de nuevos suboficiales, con el objetivo de reasignar fondos a la modernización tecnológica y la capacitación del personal. Se fortalecerán los mecanismos de control interno y auditoría, y se establecerán nuevos criterios para el ascenso de los uniformados.

El Gobierno sostiene que la reforma busca dotar a la PFA de mayor autonomía y capacidades similares a las de agencias internacionales como el FBI. Sin embargo, sectores críticos advierten sobre el riesgo de excesos y la necesidad de un estricto control sobre las nuevas facultades otorgadas a la fuerza. El anuncio se produce en un contexto de alta tensión política, marcado por la inminente detención de la expresidenta Cristina Kirchner y movilizaciones previstas en su apoyo, lo que añade presión sobre el Ministerio de Seguridad y la PFA en la gestión del orden público.