Antonio Miranda, un albañil oriundo de Formosa que trabajaba en Río Gallegos, Santa Cruz, vivió una experiencia que marcó su vida y generó debate nacional. El 7 de julio de 2022, tras apostar $6.000 en una máquina tragamonedas de su preferencia en el Casino de Río Gallegos, Miranda fue sorprendido por el anuncio de un premio de $100 millones. Sin embargo, la alegría se desvaneció rápidamente cuando la jefa de sala le informó que la máquina presentaba un desperfecto técnico y que el premio no sería abonado.

A pesar de la evidencia fotográfica y los testimonios de otros apostadores, el casino se mantuvo firme en su negativa, devolviéndole solo el saldo de $6.500. La noticia se difundió rápidamente en la ciudad, generando indignación y apoyo social hacia Miranda. Un año después, y tras rechazar una oferta de compensación de $200.000, Miranda inició acciones legales con el patrocinio del abogado Gustavo Insaurralde, quien argumentó que el error no era responsabilidad de su cliente y que se habían respetado las reglas de la Lotería de Santa Cruz.

Durante el proceso judicial, se descubrió que las grabaciones de las cámaras de seguridad habían sido borradas y que la cámara que apuntaba a la máquina había sido retirada. La situación personal de Miranda se agravó: sufrió un accidente laboral, perdió su empleo y debió regresar a su ciudad natal, Piedra Buena, para cuidar a su madre enferma. Estos factores influyeron en su decisión de aceptar, un día antes de la audiencia, una nueva oferta del casino, muy inferior al premio original, bajo un acuerdo de confidencialidad.

El acuerdo fue homologado en julio de 2024 y los pagos se realizaron en cuotas, culminando en septiembre de ese año. Poco después, la madre de Miranda falleció. Aunque la historia se cerró en los papeles, dejó un sabor amargo: la reparación económica llegó tarde y a medias, y Miranda, lejos de hacerse millonario, solo pudo adquirir un terreno en su ciudad natal, donde continúa trabajando como albañil.

El caso puso en evidencia la falta de regulación ante fallas técnicas en casinos y la desigualdad entre jugadores y grandes empresas. El abogado de Miranda subrayó que "pesó más su situación personal y patrimonial que la ambición por el dinero". El casino, por su parte, sostuvo que el reclamo era ilegítimo y buscó evitar la difusión del monto acordado. Así, la historia de Miranda se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos del consumidor y la transparencia en el sector del juego.