El Tribunal Oral Federal N° 3 resolvió rechazar los pedidos de suspensión de juicio a prueba para Walter Quiroga y Brian Ortiz, quienes están acusados de participar en los incidentes ocurridos el 12 de junio de 2024 frente al Congreso de la Nación, durante el debate parlamentario de la Ley Bases. La decisión, adoptada por el juez Fernando Marcelo Machado Pelloni, implica que ambos deberán enfrentar un juicio oral y público por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.

Según la resolución judicial, la probation "no es automática" y requiere analizar las circunstancias específicas de cada caso, así como las objeciones presentadas por las partes. Tanto la querella, representada por el Senado de la Nación, como la fiscalía, manifestaron su oposición al beneficio procesal. Argumentaron que los hechos atribuidos a los acusados incluyeron violencia, daños e intimidación, afectando el normal funcionamiento de una institución democrática. "El debate parlamentario se vio interrumpido por los incidentes en el perímetro del Congreso, con riesgo de suspensión", sostuvo la abogada Mariela Andrea Cimolai.

En el caso de Brian Ortiz, la fiscalía remarcó que habría agredido a un oficial de policía durante el operativo. Por su parte, las defensas de Quiroga y Ortiz ofrecieron reparaciones económicas de $250.000 y la realización de trabajos comunitarios, alegando que sus defendidos no tenían antecedentes penales y que la eventual pena podría ser dejada en suspenso. Sin embargo, el tribunal consideró prioritario que exista una sentencia que delimite los alcances constitucionales y penales de la protesta social.

Los incidentes ocurrieron mientras el Senado debatía la Ley Bases, que finalmente fue aprobada con el voto de desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Durante el operativo policial, 33 personas fueron detenidas y nueve de ellas, incluidos Quiroga y Ortiz, llegaron a juicio oral. El caso se inscribe en el contexto de la discusión sobre los límites del derecho a la protesta y la respuesta del Estado ante hechos de violencia en manifestaciones públicas. Se espera que el juicio oral aporte definiciones sobre la legalidad de ciertas conductas en el marco de protestas sociales.