El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli, fueron procesados por el delito de enriquecimiento ilícito, según resolvió el juez federal Sebastián Casanello. La medida incluye un embargo conjunto de 998 millones de pesos y se fundamenta en un incremento patrimonial injustificado de 690.000 dólares durante los años en que ambos ejercieron funciones públicas, principalmente en el período de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La investigación, que se inició en 2008 y atravesó distintos jueces y etapas judiciales, se centró en la evolución patrimonial del matrimonio. El informe del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema detectó inconsistencias en la justificación de fondos, la falta de documentación sobre ingresos profesionales y la ausencia de declaraciones juradas en años clave. Entre los elementos más relevantes figura la compra de un departamento en la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una empresa sin capacidad económica para afrontar la operación. Según la Justicia, De Vido y Minnicelli simularon ser inquilinos del inmueble, aunque en realidad lo habitaban como propietarios.

El fallo también hace referencia a la relación de este caso con otras investigaciones de corrupción, como la causa Cuadernos, en la que a De Vido se le atribuyen 190 hechos de sobornos, y la condena por lavado de dinero contra una excolaboradora del exministro. Además, se destaca que De Vido cumple actualmente una condena por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once.

La defensa de Alessandra Minnicelli ha denunciado condiciones de detención "infrahumanas" y cuestiona la imparcialidad del proceso. Sin embargo, el juez Casanello subrayó la existencia de una "larga cadena de indicios interrelacionados" que refuerzan la hipótesis de enriquecimiento ilícito y la utilización de estructuras societarias para ocultar la titularidad de bienes.

El caso representa uno de los procesos judiciales más emblemáticos sobre corrupción en la función pública durante el kirchnerismo y podría tener implicancias en otras causas abiertas por delitos similares.