El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, solicitó formalmente la remoción de la jueza Cynthia Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5, tras una resolución que impuso al Estado provincial el pago de más de $1.198 millones en honorarios a abogados en una causa ambiental. La controversia gira en torno a la regulación de honorarios en el expediente vinculado al Parque Acueducto Vulpiani, una obra pública proyectada pero nunca ejecutada en la localidad de Juana Koslay.

La denuncia, presentada por la fiscal de Estado María Fabiana Zárate ante el Jurado de Enjuiciamiento, sostiene que la jueza fijó una base regulatoria de 93.000 JUS, equivalente a casi $4.000 millones, y reguló honorarios millonarios a favor de dos abogados que solo participaron en la etapa inicial del proceso. Según el gobierno provincial, la suma resulta desproporcionada y arbitraria, ya que la obra nunca se realizó y, por lo tanto, no se produjo daño ambiental.

Zárate aclaró que el planteo no cuestiona la acción ambiental ni la cautelar que frenó la obra, sino la decisión de transformar un proceso sin monto económico concreto en una causa con valor determinable. "Se ha apartado del derecho vigente claramente, tanto al estimar el monto del proceso en un juicio que no tenía monto como al regular los honorarios", afirmó la funcionaria.

El gobernador Poggi argumentó que la medida pone en riesgo el patrimonio de los contribuyentes y la prestación de servicios públicos esenciales. "Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del estado de derecho", expresó Poggi.

El caso ha generado un intenso debate institucional. Medios locales señalan que la denuncia trasciende la discusión jurídica y se inscribe en un contexto político donde actores que antes impulsaban reclamos ambientales ahora enfrentan las consecuencias procesales de esos expedientes. La jueza Fernández Paz, además, interviene en otras causas sensibles para el Ejecutivo provincial, lo que añade tensión a la relación entre el poder político y la independencia judicial.

El Jurado de Enjuiciamiento deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y decidir si corresponde abrir un proceso formal. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones en el ámbito judicial y político de San Luis, con implicaciones sobre la gestión de recursos públicos y la autonomía del Poder Judicial.