El Gobierno de Santa Fe dispuso la implementación de una auditoría especial sobre las declaraciones juradas que los docentes deberán presentar al inicio del ciclo lectivo, en respuesta al paro convocado por gremios para el lunes 2 de marzo. La medida, anunciada por el ministro de Educación José Goity, busca garantizar la transparencia en la prestación de servicios y asegurar el normal funcionamiento de las escuelas en una jornada marcada por la protesta sindical.

En un correo electrónico dirigido a las familias de alumnos de todos los niveles educativos, Goity ratificó que el ciclo lectivo comenzará con normalidad y pidió que los estudiantes concurran a las escuelas. "Cada hora de clases hace la diferencia", señaló el funcionario, quien defendió la política salarial docente implementada por la provincia. Según detalló, el salario mínimo de bolsillo para un maestro de grado con 25 horas semanales y antigüedad mínima es de $1.300.000, además de incentivos por capacitación y asistencia perfecta. El Estado provincial también cubre los costos de traslado de docentes.

La presentación de la declaración jurada de prestación de servicios será obligatoria para todos los agentes del sistema educativo entre el 2 y el 4 de marzo, a través del sistema oficial “Mi Legajo”. Quienes no realicen el trámite serán considerados ausentes sin prestación de servicio, lo que implicará el descuento del día no trabajado y la pérdida del beneficio de Asistencia Perfecta.

El Gobierno provincial ha realizado inversiones en infraestructura educativa, incluyendo la construcción de 78 nuevas escuelas y la ejecución de 600 aulas adicionales, además de más de 12.000 intervenciones para mejorar edificios escolares existentes. También se lanzó una canasta de útiles escolares a precios accesibles en comercios de toda la provincia.

En el plano pedagógico, se destaca la continuidad del Plan Raíz, orientado a mejorar la fluidez lectora en los primeros grados, junto con la implementación de la nueva currícula de educación primaria. Goity concluyó su mensaje con un llamado a la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas y las familias, subrayando que el aprendizaje constituye el mejor legado para las nuevas generaciones.

Mientras tanto, los gremios docentes analizan medidas de fuerza y rechazan la oferta salarial, aunque el Gobierno sostiene que la propuesta es competitiva y que no existen condiciones para rechazarla. El inicio del ciclo lectivo se da en un contexto económico complejo, que afecta tanto a las familias como a la administración pública, y con el objetivo de consolidar los aprendizajes alcanzados en 2025, cuando el sistema educativo provincial logró cumplir 185 días de actividad escolar tras catorce años sin alcanzar ese objetivo.