El Senado de la Nación aprobó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, en una sesión marcada por intensos debates y tensiones políticas. La medida, impulsada por el Gobierno nacional y el porteño, fue incluida como parte de la reforma laboral y obtuvo 44 votos a favor y 28 en contra, principalmente de la bancada peronista.

El convenio, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, establece la transferencia progresiva de competencias judiciales laborales a la órbita porteña. Según el artículo 91 de la reforma laboral, la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta que se instrumente el acuerdo, momento en el cual las nuevas causas serán tramitadas por la justicia laboral de la Ciudad. Los concursos para jueces nacionales quedan congelados y se dispone el cierre de juzgados vacantes.

La iniciativa fue defendida por el Gobierno como un avance en la autonomía porteña y la modernización del sistema judicial. "Permitirá implementar un servicio de justicia propio, ágil y moderno", aseguraron fuentes oficiales. Sin embargo, la reacción de jueces y gremios judiciales fue inmediata. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se declaró en alerta máxima, calificando la medida como un "avasallamiento constitucional" y un "grave perjuicio" para magistrados, funcionarios y empleados.

El gremio de judiciales, liderado por Julio Piumato, convocó a un paro nacional y movilización ante la Cámara del Trabajo, mientras la CGT anunció una marcha al Congreso en rechazo a la reforma laboral. Los jueces nacionales consideran que la medida implica la disolución de una jurisdicción con más de siete décadas de historia y una fuerte tradición protectoria de los derechos del trabajador.

En el plano político, se registraron intentos de frenar el traspaso por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la exministra Patricia Bullrich, quienes argumentaron riesgos de inconstitucionalidad y sospechas de acuerdos políticos entre Karina Milei y Daniel Angelici para favorecer a Manuel Adorni en la carrera por la jefatura de gobierno porteño. Pese a estos esfuerzos, el oficialismo logró ampliar la diferencia en la votación y avanzar con la medida.

El traspaso de la justicia laboral representa un cambio estructural en el sistema judicial argentino y salda una deuda histórica con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Su implementación, sin embargo, enfrenta resistencia y abre interrogantes sobre el futuro de los derechos laborales y la independencia judicial.